Ciudad de México.– Con 345 votos a favor y 131 en contra, la Cámara de Diputados aprobó en lo general la controvertida reforma a la Ley de Amparo, promovida por Morena y sus aliados. Aunque la sesión se alargó por la discusión de más de 300 reservas, sólo se prevé aceptar tres modificaciones a la minuta enviada por el Senado.
El dictamen fue impulsado por las comisiones unidas de Justicia y Hacienda, y enfrentó una férrea oposición de los partidos minoritarios, quienes alertaron sobre un posible debilitamiento de la figura del amparo en perjuicio de derechos colectivos y sociales.
Incluso dentro de la bancada oficialista hubo divisiones. La ministra en retiro y diputada de Morena, Olga Sánchez Cordero, optó por abstenerse, al igual que los legisladores petistas Greycy Durán y Javier Vázquez Calixto. También votaron en contra las diputadas Ana Érika Santana (PVEM) y Martha Aracely Cruz Jiménez (PT), esta última argumentando que la reforma podría afectar gravemente a los pueblos indígenas.
Cruz Jiménez presentó una reserva para garantizar que las comunidades puedan seguir promoviendo amparos colectivos en defensa de sus derechos humanos, incluso si no tienen la titularidad exclusiva de un derecho.
Ajustes de Morena ante críticas
El coordinador parlamentario de Morena, Ricardo Monreal Ávila, explicó que uno de los cambios que se aceptarán responde a las críticas por los nuevos requisitos para acceder al amparo. En particular, se eliminará la obligación del juez de verificar que el acto reclamado cause “daños de difícil reparación”, lo cual había sido señalado como una barrera excesiva.
Otra modificación tiene que ver con la interpretación del momento procesal en que las nuevas reglas comenzarán a aplicarse, para evitar incertidumbre en juicios en curso.
Protección a concesiones y permisos vigentes
Una tercera modificación, propuesta por Monreal junto al diputado Ricardo Mejía Berdeja (PT), busca blindar los derechos adquiridos por quienes ya cuentan con permisos, concesiones o autorizaciones otorgadas por el gobierno federal. El objetivo, explicaron, es evitar que estos puedan ser revocados sin posibilidad de defensa legal.
Mejía Berdeja explicó que con la redacción original se corría el riesgo de dejar en la indefensión a sectores como el transportista, que dependen de permisos oficiales para operar. “No es lo mismo no tener permiso y buscarlo vía amparo, que tenerlo y que te lo revoquen. En ese caso, debe poder reclamarse la suspensión provisional”, subrayó desde tribuna.
La reforma a la Ley de Amparo continuará su trámite legislativo, ahora con estos ajustes, en medio de una creciente preocupación de organizaciones civiles y juristas que advierten sobre un retroceso en la protección de derechos frente al poder público.
