El Senado de la República decidió aplazar hasta la próxima semana la discusión de la nueva Ley contra la Extorsión, luego de que se acordara realizar modificaciones sustanciales al proyecto enviado por la Cámara de Diputados, informó el coordinador de Morena, Adán Augusto López Hernández.
El legislador explicó que uno de los principales puntos a revisar es que la nueva legislación no permita la liberación de personas ya sentenciadas por este delito, ante la intención de establecer un tipo penal único.
“Queremos evitar cualquier interpretación que derive en beneficios indebidos para quienes ya enfrentan condenas por extorsión”, subrayó.
López Hernández señaló que ha sostenido conversaciones con la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, y con los titulares de las comisiones de Justicia y de Estudios Legislativos, Javier Corral y Enrique Inzunza, respectivamente, con quienes definió una ruta legislativa para aprobar la reforma el próximo martes.
El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) destacó que el análisis será minucioso, dado que la extorsión “es uno de los delitos más sensibles que padecen los mexicanos”, y por ello se revisarán criterios y jurisprudencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, particularmente en lo relativo a agravantes y penalidades.
Sobre este punto, el morenista reconoció que existe preocupación en la comunidad jurídica ante la posibilidad de que la reducción de penas permita beneficios a delincuentes ya procesados. “Es una inquietud legítima que nos han expresado penalistas y constitucionalistas, y la estamos atendiendo con cuidado”, indicó.
Por su parte, el presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, enfatizó que en el Senado se prioriza la calidad legislativa sobre la prisa.
“Las aprobaciones por fast track suelen generar errores u omisiones. Hemos preferido tomarnos el tiempo necesario para revisar cada artículo con detalle”, dijo.
Corral informó que el dictamen se encuentra en una etapa de análisis técnico junto con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), encabezada por Omar García Harfuch. En estos encuentros, añadió, se han discutido tres bloques de modificaciones principales, entre ellos el referente a las penalidades.
Reducir la media aritmética del delito, explicó, podría tener efectos retroactivos conforme al artículo 14 constitucional y beneficiar a personas ya sentenciadas. “Aunque sean pocos casos, debemos tener extremo cuidado”, puntualizó.
El senador panista también señaló que se revisa el articulado relativo a las sanciones para funcionarios públicos involucrados en actos de extorsión, así como la precisión técnica de las conductas tipificadas y la especialización de las unidades de investigación.
Corral destacó que esta será una ley de carácter nacional, por lo que todos los estados deberán contar con unidades especializadas en la persecución del delito de extorsión.
Finalmente, adelantó que los ajustes están prácticamente concluidos y que el dictamen podrá ser sometido a votación en el Pleno la próxima semana.
