Ciudad de México.— La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, negó rotundamente haber presionado a comerciantes de la demarcación para que participaran en la marcha de la llamada Generación Z, a pesar de que circulan en redes varios testimonios acusandola de presionar a los comerciantes a traves de empleados de su entera confianza, al estilo de la ex alcaldesa Sandra Cuevas, de quien se ha quejado desde el inicio de su administración. En conferencia de prensa, aseguró que jamás ha condicionado a nadie para asistir a movilizaciones. “Nunca he obligado, ni obligaré a nadie a acudir a una manifestación”, enfatizó, al destacar que su vínculo con mercados y negocios se mantiene “en un marco de respeto y de legalidad”.
Frente a la denuncia de presuntas presiones al comercio en vía pública —que motivó a legisladores de Morena a exigir una investigación— la edil sostuvo que el video que circula en redes “carece de autor, de datos y de verificación”. Incluso afirmó que no existe registro alguno del supuesto comerciante de La Lagunilla que aparece en la grabación. Rojo de la Vega desestimó también los señalamientos de la diputada Diana Sánchez Barrios, quien pidió indagar el caso, y acusó al gobierno federal de “criminalizar la protesta” y utilizar a las instituciones para perseguir voces opositoras.
La funcionaria atribuyó la participación juvenil en la marcha a un clima de hartazgo provocado por la inseguridad, el abandono institucional y la falta de oportunidades. Además como buena aliada de la derecha, denunció que diversas cuentas en redes sociales identificadas con Morena impulsaron el video para responsabilizarla de convocar, financiar o promover las protestas. “Me señalaron a mí, entre muchas otras personas, de estar detrás de estas manifestaciones”, reprochó.
En contraste con lo expresado por la jefa de Gobierno, Clara Brugada —quien negó que hubiera una instrucción de reprimir la movilización—, Rojo de la Vega acusó el uso “excesivo, brutal y desproporcionado” de la fuerza pública en la zona del Zócalo. Afirmó que se registraron más de 40 detenciones sin que aparecieran en el Registro Nacional de Detenciones. Según su versión, no se generaron folios debido a la caída del sistema, lo que impidió conocer la situación de las personas arrestadas, los motivos y los cargos. “No hubo debido proceso”, sostuvo.
Detalló que en el Juzgado Cívico se reportaron 122 detenciones por portación de armas o sustancias peligrosas, mientras que en el Ministerio Público se contabilizaron 16 detenidos; uno era menor de edad que fue liberado y los otros 15 fueron trasladados al Reclusorio Norte. También informó de dos carpetas de investigación abiertas: una por lesiones contra siete hombres y otra por tentativa de homicidio contra seis masculinos y dos mujeres.
Rojo de la Vega criticó que no hubiera acompañamiento de una comitiva de derechos humanos para asistir a las familias y aseguró que recibió testimonios sobre posibles actos de tortura contra estudiantes detenidos. No presentó pruebas directas y explicó que los familiares pidieron no revelar su identidad ante el temor de represalias contra los 15 jóvenes trasladados al reclusorio.
