La política de confrontación de Donald Trump hacia Venezuela pasó, con el paso de los años, del terreno retórico a una ofensiva concreta marcada por sanciones, amenazas militares, recompensas millonarias contra altos funcionarios, ataques armados en el Caribe y la incautación de buques petroleros. Todo ello bajo el argumento del combate al narcotráfico, en una estrategia que se profundizó durante su segundo mandato presidencial y que ha provocado una fuerte reacción internacional.
Desde su primera administración, Trump dejó clara su postura hostil hacia el gobierno de Caracas. El 11 de agosto de 2017, durante una conferencia de prensa en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, abrió por primera vez la puerta a una intervención militar. “Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluida una opción militar si es necesaria”, afirmó entonces, una declaración que generó inquietud incluso dentro del aparato de defensa estadunidense.
La tensión escaló en 2020, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos ofreció una recompensa de 15 millones de dólares por información que permitiera la captura o arresto del presidente venezolano Nicolás Maduro, acusado de narcoterrorismo. De manera paralela, se anunciaron 10 millones de dólares por el dirigente chavista Diosdado Cabello.
Con el inicio de su segundo periodo en la Casa Blanca, Trump retomó y endureció su discurso. El 20 de febrero de 2025, su administración clasificó a ocho cárteles latinoamericanos —entre ellos el Tren de Aragua— como “organizaciones terroristas”, una decisión que sentó las bases legales para una nueva fase de operaciones militares bajo el marco del combate al narcotráfico.
En ese contexto, a principios de agosto de 2025, Washington elevó a 50 millones de dólares la recompensa por Nicolás Maduro, la cifra más alta ofrecida hasta ahora por el gobierno estadunidense. Días después, el 2 de septiembre, se registró el primer ataque letal: fuerzas armadas de Estados Unidos hundieron una embarcación en el Caribe que, según su versión, transportaba droga. Trump aseguró que los once tripulantes fallecidos pertenecían al Tren de Aragua.
A partir de ese episodio, se multiplicaron los ataques contra embarcaciones presuntamente vinculadas a Venezuela. Para el 30 de diciembre, el diario La Jornada documentó al menos 107 personas muertas en este tipo de operativos, los cuales el gobierno venezolano ha calificado como ejecuciones extrajudiciales.
De forma paralela, Washington inició la incautación de buques petroleros venezolanos. El primer decomiso se registró a finales de noviembre, cuando fuerzas estadunidenses interceptaron un petrolero con crudo venezolano en aguas internacionales. Tras el hecho, Trump acusó públicamente a Venezuela de “haber robado” el cargamento y justificó la acción como una medida de seguridad nacional.
La respuesta internacional fue inmediata. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reiteró en diversas ocasiones su rechazo a cualquier forma de intervención extranjera y llamó a privilegiar el diálogo y el respeto a la soberanía. Desde agosto, la mandataria insistió en que la Organización de las Naciones Unidas debía asumir un papel más activo ante la escalada entre Washington y Caracas.
En el ámbito multilateral, Venezuela llevó el caso ante la ONU y solicitó garantías para evitar una confrontación mayor. Aunque en un inicio el organismo evitó pronunciamientos contundentes, hacia finales de octubre pidió a Estados Unidos detener los ataques contra presuntas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico. En diciembre, el secretario general de la ONU exhortó a Washington a respetar el derecho internacional tras la incautación de un buque petrolero venezolano.
Durante las sesiones del Consejo de Seguridad, México reiteró su postura de no intervención y su llamado a fortalecer las vías diplomáticas. Rusia, China y Cuba respaldaron a Venezuela y condenaron las acciones militares estadounidenses. Moscú calificó las incautaciones como una “vuelta a la piratería” y advirtió que la escalada podría derivar en un conflicto de mayores dimensiones. El presidente Vladimir Putin afirmó que Venezuela “merece absoluto respeto”.
China, por su parte, exhortó a Estados Unidos a apostar por la estabilidad regional y a poner fin a lo que describió como “acoso unilateral”. Cuba denunció que la incautación de buques petroleros afecta directamente su economía y acusó a Washington de utilizar el combate al narcotráfico y al fentanilo como pretexto para intervenir en América Latina. En tanto, el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, ofreció su mediación entre Washington y Caracas para evitar una guerra en la región.
