La Fiscalía General de la República formalizó una nueva acusación en contra de Javier Duarte de Ochoa por el presunto desvío de cinco millones de pesos durante su gestión al frente del gobierno de Veracruz. De acuerdo con la imputación, los recursos estaban etiquetados para infraestructura y servicios de salud dirigidos a menores de edad y personas adultas mayores.
Durante una audiencia que se extendió por cerca de siete horas en la Ciudad de México, el Ministerio Público expuso que el exmandatario habría encabezado un esquema en el que funcionarios estatales redirigían fondos federales destinados a distintos rubros de desarrollo social para cubrir obligaciones salariales del gobierno local. Según la representación social, en ese proceso se habrían mezclado partidas estatales y federales, lo que derivó en un uso irregular de los recursos públicos y en beneficios indebidos.
En su intervención ante el juez, Duarte de Ochoa negó de manera categórica los señalamientos y desestimó las pruebas presentadas por la parte acusadora, al tiempo que cuestionó la actuación del sistema de justicia. A lo largo del debate participó en varias ocasiones y, al discutirse la medida cautelar, sostuvo que el trasfondo del proceso era impedir su eventual liberación.
El juez Gustavo Aquiles Villaseñor respondió que las determinaciones judiciales se toman con apego a la ley y defendió la autonomía del Poder Judicial. Finalmente, resolvió imponer la medida de prisión preventiva justificada mientras continúa el proceso penal.
