El tiempo se agotó para Ricardo Salinas Pliego. Este viernes concluyó el plazo otorgado por la Secretaría de Hacienda para que el empresario cubriera de manera voluntaria el adeudo fiscal que mantiene con el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el cual asciende actualmente a cerca de 51 mil millones de pesos debido a recargos acumulados durante años de litigio y retrasos en el pago.
De haber optado por la vía del cumplimiento voluntario, el dueño de Grupo Salinas habría podido acceder a una reducción significativa del monto, de hasta 39%, lo que habría disminuido la deuda a poco más de 30 mil millones de pesos, una cifra cercana a los montos originalmente controvertidos en tribunales. Sin embargo, el empresario no confirmó su decisión y abandonó la ciudad durante el fin de semana, mientras que su actividad en redes sociales sugiere que mantiene su postura de no ceder ante la autoridad fiscal.
Ni el conglomerado empresarial ni el Gobierno federal han precisado los pasos inmediatos tras el vencimiento del plazo. No obstante, conforme a la legislación vigente, el siguiente escenario sería el inicio de un procedimiento de embargo en caso de confirmarse el incumplimiento.
Los créditos fiscales que reclama Hacienda corresponden a ejercicios entre 2008 y 2013 y derivan, según la autoridad, de un cálculo indebido de pérdidas fiscales por parte de Elektra. Desde entonces, Salinas Pliego impugnó cada uno de los adeudos en instancias judiciales nacionales, sin éxito. En noviembre pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación cerró definitivamente esa vía al desechar los amparos promovidos por el grupo empresarial, al considerar que no planteaban cuestiones de constitucionalidad relevantes.
A este revés se sumó una reforma legal aprobada por el Congreso que endureció el uso del juicio de amparo en materia fiscal, con el objetivo de impedir que grandes deudores prolonguen indefinidamente el pago de créditos firmes. La modificación fortaleció la estrategia del Ejecutivo federal para incrementar la recaudación sin recurrir a una reforma fiscal de fondo, una política que el año pasado permitió elevar los ingresos públicos en casi 5%.
Con la ruta judicial ordinaria agotada, la ley establece que, tras el impago, la autoridad fiscal debe emitir un requerimiento formal. De no acreditarse el pago, se activa el procedimiento administrativo de ejecución, que incluye el embargo de bienes muebles e inmuebles hasta cubrir el monto reclamado, sujeto posteriormente a valuación y eventual remate. Solo en la etapa final del proceso, cuando el remate es inminente, el contribuyente puede intentar un último recurso legal.
Paralelamente, el empresario ha optado por internacionalizar el conflicto. En enero presentó una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en la que acusa al Estado mexicano de persecución política. No obstante, especialistas coinciden en que este recurso difícilmente tendrá efectos inmediatos, ya que los procedimientos ante instancias internacionales pueden prolongarse durante años y no suelen revertir procesos administrativos en curso.
Mientras el frente legal se estrecha, Salinas Pliego ha intensificado su confrontación política y mediática con el Gobierno federal. Su presencia constante en redes sociales, los cruces públicos con la presidenta Claudia Sheinbaum y sus guiños hacia una posible incursión política buscan trasladar el conflicto más allá de los tribunales. Incluso ha promovido una plataforma propia, el Movimiento Anticrimen y Anticorrupción, con la que intenta posicionarse como figura de oposición.
Pese a esta estrategia, las resoluciones judiciales y legislativas han alineado a los tres poderes del Estado en el objetivo de cobrar el adeudo. Con el vencimiento del plazo, el caso entra ahora en su fase más delicada, y las autoridades fiscales se preparan para ejecutar el cobro de una de las deudas tributarias más cuantiosas en la historia reciente del país.
