Bajo la firma de la Presidencia de la República, se oficializó el galardón en la Categoría Individual a Roberto Gonzalo de la Maza Elvira. Este acto no es una simple entrega de medallas; es la validación estatal de una trayectoria de más de 30 años dedicada a la construcción de un modelo ambiental que ha desplazado sistemáticamente a las comunidades de Playa del Carmen, Cozumel y Tulum en favor de intereses cupulares y una visión centralista de la naturaleza.
EL ORIGEN DEL CERCO (1989-1991)
La revisión de los documentos fundacionales demuestra que las reglas para privatizar el paraíso se escribieron antes de que el turismo masivo llegara a nuestras costas:
El Blindaje Legal: La Primera Ley Estatal (Gaceta 05, 1989)
El 22 de marzo de 1989 se promulgó la Ley del Equilibrio Ecológico de Quintana Roo. Firmada por el entonces gobernador Miguel Borge Martín, esta ley estableció la estructura para que la gestión ambiental fuera una facultad vertical. Fue el molde legal que permitió que, años más tarde, se pudieran imponer restricciones de acceso a playas y selvas bajo el argumento de la «preservación estatal», dejando a las comunidades locales sin voz ni voto sobre su propio suelo.
La Centralización de Sian Ka’an y Cozumel (Gaceta 06, 1990)
En 1990, se publicó el decreto que declaró a Sian Ka’an como Reserva de la Biosfera, abarcando territorios de Cozumel y Felipe Carrillo Puerto. Si bien el discurso fue de conservación, en la práctica funcionó para trasladar el control de miles de hectáreas directamente a las manos de la élite técnica federal. Este decreto es la base de por qué hoy el habitante local de Cozumel o del centro del estado es un extraño en su propia tierra, sujeto a dictámenes de expertos que operan desde oficinas en la Ciudad de México.
El Reparto del Corredor: Cancún-Tulum (Gaceta 18, 1991)
En noviembre de 1991, se oficializó el acuerdo para planear el Ordenamiento Ecológico del Corredor Turístico Cancún-Tulum. Este es el mapa del despojo: desde un escritorio se decidió qué zonas serían hoteles de lujo y qué zonas serían «preservadas» (muchas veces para futuros desarrollos de élite). Fue el certificado de defunción de la soberanía comunal y el inicio del muro invisible que hoy divide a la Riviera Maya.
La invención de una «Historia de Fantasía» (Gaceta 51, 1999)
En 1999, Roberto de la Maza Elvira publicó «Una historia de las áreas naturales protegidas en México». Este documento no es una simple cronología; es una herramienta de legitimación política. De la Maza utiliza elementos de la cultura maya (como el Pet-koot o el Kal-koot) para dar una apariencia de ancestralidad a las Áreas Naturales Protegidas (ANP) modernas.
Sin embargo, el texto opera bajo un sesgo colonial: establece que el habitante local y el ejidatario son «amenazas» para el ecosistema, mientras que el científico y el funcionario federal son los únicos capaces de «salvar» la naturaleza. Esta narrativa justificó el despojo legal, permitiendo que el Estado tomara el control de tierras estratégicas bajo el argumento del «interés público», desplazando la soberanía de las comunidades que habían preservado la selva por siglos.
La mercantilización del mar: «Tarifas y Arrecifes» (Gaceta 75, 2005)
Para el año 2005, el lenguaje de la protección biológica mutó definitivamente al de la rentabilidad financiera. En el manual «Tarifas y Arrecifes», los economistas del gobierno determinaron que la naturaleza debía ser «autofinanciable».
A través de estudios de «Disposición a Pagar» (DAP), se calculó cuánto dinero se le podía extraer al turista extranjero por el acceso a los arrecifes. Este modelo convirtió el patrimonio natural en una unidad de negocio. El resultado fue la segregación: el arrecife se volvió un lujo para quien paga en dólares, mientras que las familias trabajadoras de Quintana Roo fueron marginadas de su propio entorno recreativo mediante brazaletes y cuotas prohibitivas.
La simulación técnica: La confesión de las MIA (Gaceta 36, 1995)
Quizás el punto más oscuro de este expediente es la admisión de Exequiel Ezcurra sobre las Manifestaciones de Impacto Ambiental (MIA). En 1995, se reconoció oficialmente que el sistema de permisos era una simulación. Las MIA el escudo legal que permite la construcción de hoteles son pagadas por los mismos desarrolladores, creando un conflicto de interés insalvable. El «experto» firma lo que el empresario necesita, y el Estado valida la destrucción del manglar bajo un sello de «sustentabilidad».
Criminalización demográfica vs. Megaproyectos (Gaceta 79, 2006)
En 2006, la Gaceta Ecológica lanzó una ofensiva ideológica contra el crecimiento poblacional en municipios costeros como Solidaridad (Playa del Carmen). El discurso oficial señalaba al trabajador migrante y a las colonias populares como la principal causa del deterioro ambiental.
No obstante, esta preocupación era selectiva. Mientras se criminalizaba la vivienda popular, la Gaceta 50 validaba la construcción de muelles de cruceros sobre el arrecife Paraíso en Cozumel y el desarrollo de la «Costa Maya». La lógica impuesta fue clara: el pobre contamina, pero el gran capital «mitiga». Este doble rasero permitió la expansión hotelera desmedida mientras se negaban servicios y derechos territoriales a la población local.
El Acuerdo Presidencial del 2026: El premio a la permanencia
El 06 de abril de 2026, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo otorgando el Premio al Mérito Ecológico 2024. En la categoría individual, el galardonado es Roberto Gonzalo de la Maza Elvira.
Este acto oficial cierra el círculo del despojo. El Estado Mexicano no solo mantiene el modelo de las Gacetas de los años 90, sino que premia económicamente ($100,000 pesos) y simbólicamente a quien redactó los términos de la exclusión. A pesar de los discursos de justicia social de la «Cuarta Transformación», el reconocimiento a De la Maza confirma que la élite técnica que puso precio al mar y «fantaseó» con la historia maya sigue dictando la política ambiental del país.
Conclusión: El peso de la evidencia documental
La trayectoria de Roberto de la Maza, desde sus inicios como asesor en el Instituto Nacional de Ecología hasta su reconocimiento actual, es el reflejo de un sistema que premia la permanencia burocrática sobre la justicia comunitaria.
El «legado» mencionado en el Acuerdo Presidencial es, para el pueblo de Quintana Roo, un expediente de playas cercadas, arrecifes privatizados y una historia inventada para justificar el control del territorio. Esta investigación deja claro que, mientras los expertos reciben medallas en la capital, el costo ambiental y social lo sigue pagando el habitante local de la Riviera Maya.
Por. A.G. Informacion. Gaceta Ecologica – DOF-
