Mientras la atención nacional se consume en la retórica de la «seguridad energética», en los pasillos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se ha movido una pieza clave que altera el destino de nuestra luz. Con la publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del Acuerdo 81/2026 este 27 de mayo, el Gobierno de México ha completado una maniobra administrativa silenciosa pero contundente: ha eliminado los filtros de control superior para que la entrega de la generación eléctrica a manos privadas y extranjeras avance sin resistencia.
Segunda subasta energética pone en peligro la soberanía nacional |
El Acuerdo 81/2026: La llave que abre las puertas del presupuesto
Para el ciudadano común, un «acuerdo de delegación de facultades» suena a tecnicismo burocrático inofensivo. Sin embargo, bajo la premisa de «agilizar el trabajo», el Secretario de Hacienda, Édgar Abraham Amador Zamora, ha decidido transferir su poder de firma a una cadena de mandos intermedios.
¿Qué significa esto en lenguaje llano? Que ahora, directores generales, titulares de unidades y órganos desconcentrados tienen la facultad de autorizar, por sí mismos y sin consultar al Secretario, el gasto público millonario destinado a «consultorías, asesorías y estudios». Estos estudios son precisamente la piedra angular sobre la cual se justifican las granjas solares y los proyectos energéticos privados que están acaparando el territorio nacional.
Aceitan maquinaria burocrática para acelerar la entrega del sector energético a manos privadas |
La conexión con el mercado eléctrico: Un negocio de «intermediación»
La relación entre este acuerdo y la Segunda Convocatoria para la atención prioritaria de solicitudes de permisos de generación de energía eléctrica no es casualidad. Mientras el gobierno promueve un calendario acelerado que culmina en agosto de 2026, el acuerdo de Hacienda provee la maquinaria necesaria para ejecutarlo.
La lógica es perversa: la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la institución que fue orgullo de nuestra soberanía nacional tras las luchas de 1938 y 1960, se ha mutado en una «ventanilla de lujo» para privados. Bajo este esquema:
- El privado pone el capital (exigiendo inversiones de más de un millón de dólares).
- El gobierno pone los cables y la infraestructura.
- El pueblo paga la tarifa, que incluye la ganancia del inversionista privado.
El Acuerdo 81/2026 permite que los funcionarios encargados de estos proyectos en las diversas unidades de la SHCP y órganos desconcentrados autoricen los pagos y el flujo de recursos para estos procesos de interconexión con una rapidez alarmante, evitando los controles de supervisión que antes prevenían el uso discrecional del presupuesto.
El laboratorio del despojo
El Acuerdo de Hacienda es la pieza del rompecabezas que faltaba para esta entrega: al delegar facultades a los órganos desconcentrados, se permite que la burocracia local maneje estos contratos bajo el pretexto de la «planeación vinculante», saltándose el escrutinio público y la revisión centralizada. La digitalización de trámites a través de la Ventanilla Única (VUPE) es solo el velo que oculta quiénes son los verdaderos dueños del sol mexicano.
Alerta Nacional: El Gobierno acelera la entrega del sector eléctrico |
Un agosto negro para la soberanía
Estamos ante una crisis fabricada. Se nos dice que el Estado «no puede solo» y se nos vende la participación privada como la salvación ante los apagones. Pero la realidad es que esta supuesta crisis justifica la creación de un sistema donde la energía deja de ser un derecho humano para convertirse en un activo financiero.
El calendario es implacable:
- Junio 2026: Registro de intereses privados.
- Agosto 2026: Aprobación «express» de permisos por el Comité Técnico.
- 25 de agosto de 2026: Notificación de los «ganadores» que controlarán nuestro interruptor eléctrico.
Llamado a la memoria histórica
La Constitución mexicana, en sus artículos 27 y 28, establece que la energía es estratégica para la nación. Lo que hoy vemos es una regresión histórica hacia la era de las concesiones extranjeras que tanto costó erradicar. La soberanía energética no es solo un concepto legal; es la garantía de que el beneficio de los recursos naturales regrese a los hospitales, a las escuelas y a los bolsillos del trabajador, no a paraísos fiscales en el extranjero.
La pregunta que el pueblo de México debe hacerse es: ¿Queremos una CFE que trabaje para los mexicanos, o una que actúe como cobradora de lujo para las grandes transnacionales? Si no alzamos la voz, el 24 de agosto de 2026 será recordado como el día en que, con un trazo de pluma y un acuerdo burocrático, perdimos el control total de nuestra luz.
Por. A.G. Información. DOF-
