La Cámara de Diputados dio luz verde, por unanimidad, a una reforma que busca devolver a los ciudadanos lo que nunca debió dejar de ser suyo: el libre acceso a las playas mexicanas.
Con 465 votos a favor de todas las bancadas, el Pleno aprobó modificaciones a la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, con las que se obliga a concesionarios y permisionarios de zonas federales marítimo-terrestres a permitir el ingreso público a las playas. Además, la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) deberá garantizar, al menos un día a la semana, el acceso gratuito a las áreas naturales protegidas bajo su control.
Desde la tribuna, diputados de distintas fracciones celebraron la reforma como un paso decisivo para revertir lo que llamaron una «privatización silenciosa» de las costas mexicanas. El legislador morenista Enrique Vázquez Navarro no se guardó nada: denunció que, por décadas, se construyeron muros —de concreto y de intimidación— para restringir el paso a playas que, por ley, son bienes de uso común.
“Hoteles, fraccionamientos de lujo y clubes exclusivos convirtieron el patrimonio de todos en el privilegio de unos cuantos. Esto no solo afectó a los turistas, sino también a vendedores locales que fueron desplazados de su fuente de ingreso”, sostuvo.
La bancada de Morena subrayó que esta medida forma parte de un esfuerzo mayor por frenar la desnacionalización de bienes públicos iniciada en los años ochenta. En ese sentido, el coordinador Ricardo Monreal Ávila recordó que el país ya ha recuperado empresas estratégicas como Pemex, la CFE, los ferrocarriles y Mexicana de Aviación. “Ahora es el turno de las playas. Se trata de garantizar el goce de los bienes nacionales, no de obstaculizar la inversión”, afirmó.
La reforma también contempla la creación de un Registro Nacional de Ingreso a Playas, que Semarnat coordinará junto con los municipios, para validar las rutas de acceso en zonas urbanas, semiurbanas y rurales.
Desde la oposición, el panista David Azuara Zúñiga respaldó la iniciativa, destacando que el acceso ordenado a estos espacios naturales no sólo impulsa la economía local, sino que promueve el cuidado ambiental. “La naturaleza no es un peaje. Es un patrimonio público que cuidamos con reglas, no con barreras”, apuntó.
Por su parte, el priísta Miguel Alonso Reyes enfatizó la importancia de encontrar un equilibrio entre el libre acceso y el desarrollo turístico sostenible, respetando normas de seguridad, limpieza y conservación ambiental.
La minuta fue turnada al Senado para su revisión y eventual aprobación. Si se concreta, marcaría un antes y un después en la relación de los mexicanos con sus playas: menos rejas, más mar.
