Hermosillo, Sonora. A más de 16 años del incendio que convirtió a la Guardería ABC en símbolo de impunidad y dolor, Sandra Luz Téllez Nieves, una de las socias propietarias de la estancia infantil subrogada al IMSS, fue detenida en el centro de detención de Eloy, Arizona, tras activarse una ficha roja de Interpol solicitada por el gobierno mexicano.
La noticia fue dada a conocer por el colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, integrado por madres y padres de los 49 menores que murieron calcinados y más de un centenar que resultaron lesionados el 5 de junio de 2009 en Hermosillo. A través de una carta pública, el grupo exigió la intervención directa de la presidenta Claudia Sheinbaum para que se concrete la extradición de Téllez Nieves y se haga efectiva la sentencia emitida en su contra por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
“Ella no es una perseguida política como se quiere hacer ver en Estados Unidos. Es culpable de homicidio culposo”, declaró Juana Luna Hernández, vocera del colectivo, quien acusó que hay intentos por encubrir a la empresaria con argumentos ajenos a la justicia.
De acuerdo con el documento difundido, la reaprehensión de Téllez habría ocurrido recientemente, aunque las víctimas y sus representantes legales aseguran no haber recibido comunicación oficial alguna por parte de las autoridades mexicanas, lo cual calificaron como un acto de omisión grave y un “silencio sospechoso”.
El incendio de la Guardería ABC, que inició en una bodega propiedad de la Secretaría de Hacienda del gobierno estatal y se propagó a la estancia infantil, evidenció una cadena de negligencias y corrupción. Las instalaciones no contaban con las medidas mínimas de seguridad, y los dueños de la guardería mantenían relaciones con altos funcionarios durante el sexenio de Felipe Calderón. Desde entonces, las familias han denunciado que el caso ha sido obstaculizado por intereses políticos y falta de voluntad institucional.
Actualmente, abogados de Téllez Nieves en Estados Unidos promueven una solicitud de asilo político bajo el argumento de que su clienta es víctima de persecución por parte del Estado mexicano, lo que ha encendido las alertas entre los colectivos de víctimas, que lo consideran una estrategia para evadir la justicia.
“Le pedimos a la presidenta Sheinbaum que no permita que este crimen quede impune. Es fundamental que la Fiscalía General de la República actúe con firmeza y garantice que esta persona sea trasladada a México, ingresada a un penal y cumpla la condena por la muerte y las lesiones de nuestras hijas e hijos”, reiteran en la carta.
Hasta el momento, ni el Gobierno federal ni la FGR han emitido postura oficial sobre la detención. No obstante, las familias aseguraron que no cesarán en su lucha por la justicia, una deuda histórica que, 16 años después, sigue sin saldarse.
EJ.
