La Cámara de Diputados dio un paso importante en la discusión de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, conocida como Ley Antilavado.
Con 297 votos a favor, 37 en contra y 87 abstenciones, el pleno aprobó en lo general la minuta enviada por el Senado, en una sesión que se declaró de carácter “urgente”.
Esta reforma, impulsada por el senador morenista Javier Corral, busca responder a las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que este año evaluará a México en temas de prevención del lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
La diputada Iraís Reyes de la Torre, de Movimiento Ciudadano, afirmó que la reforma es necesaria porque el lavado de dinero no solo ocurre en paraísos fiscales o en fajos de billetes, sino también tras empresas fantasma, estructuras opacas y transacciones sofisticadas.
Sin embargo, advirtió que su bancada votará en abstención, ya que consideran que la reforma presenta riesgos, como la posibilidad de que la Secretaría de Hacienda tenga acceso a información sensible del país —como registros públicos, datos biométricos y fiscales— sin control judicial, lo cual consideran un peligro para los derechos y las garantías.
Por su parte, el diputado priísta Christian Castro Bello señaló que la reforma podría justificar la discrecionalidad y la opacidad, además de debilitar derechos, al ampliar las facultades de vigilancia del Estado y poner obligaciones desproporcionadas a sectores ya regulados. nnEntre los cambios que propone la reforma están ampliar el concepto de beneficiario controlador, definir mejor las Organizaciones Sin Fines de Lucro, actualizar la definición de relación de negocios, ampliar la lista de actividades vulnerables y definir quiénes son las personas políticamente expuestas.
También incluye un régimen simplificado para identificar a clientes públicos, así como la implementación de capacitaciones, auditorías, monitoreo de riesgos y cooperación entre Hacienda, la Guardia Nacional y otras instituciones.
Además, busca proteger la identidad de quienes cumplen con las obligaciones y fortalecer las sanciones, además de reconocer a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como víctima en casos de lavado.
La discusión de esta reforma coincide con señalamientos recientes del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que ha señalado a bancos mexicanos como CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero.
EJ.
