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Con 125 desaparecidos, el gobierno colombiano militariza Cali para frenar las protestas

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Organizaciones de Derechos Humanos redactaron un lapidario informe contra el gobierno colombiano.

Con 125 desaparecidos, el gobierno colombiano militariza Cali para frenar las protestas

 

Colombia continúa en estado de ebullición. A las protestas que se registraron el fin de semana en las principales ciudades se le suma el décimo paro nacional impulsado por las organizaciones sindicales.

Las marchas contra el gobierno están por cumplir su segunda semana y hay registrados 39 muertos, según las organizaciones de la sociedad civil que monitorean el accionar policial. Esta cifra no coincide con la del gobierno que indicó que hubo 27 víctimas fatales.

En este marco, el presidente Ivan Duque anunció el despliegue de todas las fuerzas de seguridad con el fin de militarizar la ciudad de Cali y “restaurar el orden público local”.

El ex presidente Álvaro Uribe celebró la decisión presidencial y pidió la “captura de las hordas de bandidos que han invadido la ciudad [de Cali]”. La idea de “invasión” es parte de la narrativa del uribismo y la derecha regional de apuntar al gobierno de Venezuela como organizador de la rebelión, tal como denunciaron en 2019 durante los estallidos de Chile y Ecuador.

Mientras la violencia crece y la represión aumenta, las organizaciones de Derechos Humanos empiezan a mirar con preocupación el crecimiento del números de desaparecidos que participan de las marchas.

LPO accedió a un informe de la “Misión de verificación del paro nacional en Santiago de Cali Abril- Mayo 2021” con fecha del 6 de mayo en colaboración que contó con el acompañamiento de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas, la Procuraduría General de la Nación y la Defensoría del Pueblo.

Allí, destacan que desde el 28 de abril hasta el 6 de mayo de 2021, reconociendo un subregistro a la fecha, se documentaron 156 desapariciones de los cuales aparecieron vivos 31 personas. Algunas de ellas fueron detenidas, heridas y golpeadas por la fuerza pública. No obstante, agrega el reporte, aún se desconoce el paradero de 125 personas.

María Eugenia Alarcón es coordinadora de la Red de Defensoras de los Derechos Humanos y dijo a LPO que “alrededor de las manifestaciones pacificas, se iniciaron acciones de vandalismo que llevaron a enfrentamientos fuertes entre estas personas y el Esmad. Sin embargo en algunos sectores de la ciudad, en las noches se vivió con horror la agresión de la policía a los jóvenes manifestantes”.

“El gobierno nacional solo responde con acciones de fuerza pública pero no generó las condiciones para un dialogo que permitiera canalizar las solicitudes del paro nacional y de las personas que organizaron barricadas y cierres de la ciudad, que hoy han generado desabastecimiento de alimentos, oxigeno para los hospitales y combustible. En algunos casos se iniciaron diálogos mediados por la Iglesia y se han concretado la apertura de corredores humanitarios. Hoy ha ingresado combustible, alimentos e insumos médicos”, agregó.

El gobierno nacional solo responde con acciones de fuerza pública pero no generó las condiciones para un dialogo que permitiera canalizar las solicitudes del paro nacional y de las personas que organizaron barricadas y cierres de la ciudad, que hoy han generado desabastecimiento de alimentos, oxigeno para los hospitales y combustible

El Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) está en el ojo de la tormenta y Alarcón detalló que “se han presentado muchas situaciones claramente identificadas como actuaciones de la policía de civil, con armas que atacan a los manifestantes. La tensión que se ha generado en una parte de la ciudadanía por el desabastecimiento, ha provocado que sectores planteen armarse para defenderse, como se concreto el día de ayer con los enfrentamientos entre ciudadanos de extractos altos de la ciudad y la guardia indígena que ha cumplido un papel de protección a los manifestantes”.

“Los desmanes se están presentando de todos los lados, igualmente la policía se ha visto seriamente agredida por los civiles precisamente por haberse visto esos actos de terror que distancian a la población de reconocer a la fuerza pública en su función de proteger la ciudadanía”, agregó la activista que, además, radica en Cali.

El diálogo político entre el gobierno y el Comité Nacional de Paro que impulsa la medida de fuerza y las movilizaciones está roto y anunciaron que habrá nueva movilización para el 12 de mayo tras no llegar a un acuerdo.

“No se llegaron a acuerdos. No se ha mostrado empatía con las víctimas. Hemos exigido que se pare la masacre, que se pare la violencia oficial y privada contra las personas que están ejerciendo el derecho legítimo a la protesta”, advirtió el Comité Nacional del Paro tras finalizar el encuentro realizado este lunes.

Desde el 28 de abril hasta el 6 de mayo de 2021, reconociendo un subregistro a la fecha, se documentaron 156 desapariciones de los cuales aparecieron vivas 31 personas. Algunas de ellas fueron detenidas, heridas y golpeadas por la fuerza pública. No obstante, agrega el reporte, aún se desconoce el paradero de 125 personas.

De la reunión asistieron Duque, el delegado de Colombia ante la ONU, Carlos Ruiz, el representante de la Iglesia Católica monseñor Héctor Fabio Henao, el director de Pastoral Social, la vicepresidente, Marta Lucía Ramírez; el alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos y los representantes del comité de paro.

Jennifer Pedraza, una de las líderes estudiantiles, miembro de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles, señaló que “esto es una reedición de lo que pasó en noviembre del 2019 cuando se desconocieron las exigencias. El discurso de Iván Duque fue complaciente con los usos excesivos de la fuerza”.

Hay muchos analistas que sostienen que lo que ocurre hace casi dos semanas en Colombia pueden ser la semilla de una guerra civil. Alarcón considera que “hay muchos elementos que podrían indicar eso, pero no llegamos hasta allá, hay todavía mucha indiferencia, Cali es una ciudad que tiene herencia del narcotráfico, por lo tanto hay una fuerte presencia de micro tráfico, guardaespaldas de gente que tiene negocios, allí hay armas y la cultura esta imbuida del deseo de armas. En un estudio reciente se encontró que el 31% de las personas tendrían un arma si pudieran y que el 2% ya tiene un arma. Entonces esto conlleva que las personas quieran resolver los conflicto por la vía de las armas y distanciarse del dialogo”.

“Buena parte de quienes están en las barricadas de cierres de los puntos de ingreso a la ciudad son jóvenes que no tienen nada que perder, no estudian, no tienen trabajo, no tienen oportunidades, así que están dispuestos a arriesgar hasta la vida. Pero una vez se logre construir un acuerdo eso no necesariamente se va a traducir en una corriente política que se canalice para las elecciones”, detalló la militante pero aclaró que “afortunadamente también existen diversas expresiones que promueven el dialogo y esperamos que por esa vía se logren construir acuerdos que lleven a nuevamente retomar una situación más llevadera en la ciudad, pero seguirá esta bomba de tiempo de no respuesta oportuna y adecuada por parte del Gobierno”.

La agenda de exigencias de los colectivos que protestan exceden la reforma tributaria que desató la bronca social. Al punto que el Comité puso 7 puntos a cumplirse por el gobierno como condición para levantar las marchas. Ellas son el retiro del proyecto de ley 010 de salud y fortalecimiento de una masiva vacunación, renta básica de por lo menos un salario mínimo legal mensual, la defensa de la producción nacional (agropecuaria, industrial, artesanal, campesina), subsidios a las mipymes y empleo con derecho y una política que defienda la soberanía y seguridad alimentaria, matrícula cero y no a la alternancia educativa, no discriminación de género, diversidad sexual y étnica, un rechazo a las privatizaciones y detener erradicaciones forzadas de cultivos de uso ilícito y aspersiones aéreas con glifosato.

Si bien las grandes ciudades han sido protagonistas de las protestas, el epicentro es Cali a punto tal que el gobierno trasladó todo su gabinete para aumentar la presencia de fuerzas de seguridad. Esto no es casual, la ciudad colombiana registró, según el organismo oficial de estadísticas de Colombia, al cierre de 2020 la tasa de desempleo de Cali se ubicó en 18,6 % (el nacional fue de 13,8 %), mientras que en el mismo periodo de 2019 el indicador era de solo el 12 % (el nacional fue de 9,5 %). Cali es la capital del Departamento de Valle del Cauca y a nivel provincial sufrió una disparada del desempleo, del 11,9 en 2019 al 18,9 en 2020.

La situación se torna inabordable para Duque y en la medida que avanza empieza a ser mirada con preocupación por la comunidad internacional. La ONU, la Unión Europea, la OEA, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, los diputados del partido de Merkel en Alemania y, como anticipó LPO, hasta congresistas Demócratas de Estados Unidos han pedido al gobierno el cese de la represión. Sin embargo, en las filas del uribismo refuerzan el discurso duro y pusieron en las fuerzas policiales y militares la responsabilidad de resolver una crisis que parece recién comienza.

Fuente.- LaPolíticaOnline

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Desea presidente AMLO pronta recuperación de covid a Justin Trudeau

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Horas después de informarse que el primer ministro de Canadá, Justine Trudeau, se asiló tras dar positivo a Covid-19, el presidente Andrés Manuel López Obrador deseó una pronta recuperación al mandatario canadiense.

 

“Deseo de corazón que se recupere pronto de #COVID19, el buen amigo y primer ministro de Canadá, Justin Trudeau”, indicó López Obrador en redes sociales en un mensaje que acompañó con una fotografía de ambos, durante su encuentro en el Instituto Cultural Mexicano de Washington, en Estados Unidos en noviembre del año pasado.

 

Trudeau explicó que seguirá trabajando de manera remota ya que no experimenta síntomas graves.

Hace un par de semanas, el primer ministro también deseó una pronta recuperación al presidente mexicano cuando enfermó por el coronavirus.

Fuente: LA JORNADA.

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Impunidad «casi total y estructural» en desapariciones en México: ONU

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Al concluir su visita el Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés), Carmen Rosa Villa Quintana, jefa de la delegación, condenó que en México este delito “se registre con una impunidad casi total y estructural” que favorece la reproducción y el encubrimiento de los perpetradores. “Las personas con las que conversamos nos transmitieron una imagen de una sociedad superada por el fenómeno de las desapariciones, la impunidad sistémica y su impotencia frente a la inacción de algunas autoridades”.

Superar la impunidad, aseguró, exige una estrategia integral del Estado para abordar sus múltiples causas, entre ellas la ineficacia en la investigación de estos crímenes; una comprensión desvirtuada de la autonomía de las fiscalías, “como una suerte de discrecionalidad que les lleva a negar su cooperación en el proceso de búsqueda”; el traslado de la responsabilidad de investigar y aportar pruebas en las víctimas, y un sistema procesal penal “que aún conserva las inercias del pasado”.

Villa Quintana alertó que durante las dos semanas que permaneció la delegación del CED en el país, recibió “información preocupante”, tanto de autoridades como de víctimas, sobre la existencia de diversos patrones en la comisión de desapariciones forzadas en distintas regiones, que operan de manera simultánea y evidencian escenarios de connivencia entre agentes estatales y el crimen organizado. A ello, dijo, se suman las cometidas directamente por agentes del Estado.

Frente a esta realidad, señaló, “el enfoque de seguridad que se ha adoptado no sólo es insuficiente, sino además inadecuado”. Asimismo, destacó que las desapariciones no son únicamente un fenómeno del pasado, sino que aún persiste. Refirió que según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, hasta ayer había 95 mil 121 desaparecidos, de los cuales más de un centenar habrían sido cometidas durante la estancia en México de la delegación.

En conferencia de prensa, también resaltó el incremento “notable” del número de desapariciones de niños, niñas, adolescentes y mujeres. “Lamentamos observar que esta tendencia se agudizó en el contexto de la pandemia de Covid-19”.

Villa Quintana subrayó que los migrantes también son un grupo particularmente vulnerable frente a las desapariciones. “Hemos recibido información de personas que iniciaron su ruta migratoria y terminaron en fosas clandestinas. Otras se encuentran ilegalmente privadas de su libertad sin comunicación con el mundo exterior.

“Lamentamos constatar que se mantiene una situación generalizada de desapariciones en gran parte del país, frente a la cual, tal y como venimos señalando desde 2015, imperan la impunidad y la revictimización”, dijo Villa Quintana, quien reconoció que algunas de las recomendaciones que hicieron en 2015 y 2018 no se han cumplido.

La jefa de la delegación del CED afirmó que “para que en México la desaparición deje de ser el paradigma del crimen perfecto, la respuesta a todos estos factores es urgente, tanto para los casos que iniciaron en el pasado, como para los perpetrados recientemente”. No se puede obviar, mencionó, la necesidad de que el Estado adopte una política nacional de prevención para erradicar este flagelo, que haga efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición.

“Es necesario también romper el ciclo de revictimización: desaparecen personas, pero también desaparecen cuerpos localizados, y hasta expedientes”, dijo. Asimismo, expresó su preocupación por el riesgo que viven quienes se involucran en las búsquedas y en la justicia, no sólo víctimas y defensores, sino también funcionarios, “máxime cuando los mecanismos de protección existentes tienen una eficacia limitada”.

De igual manera se refirió a la “grave crisis forense” que existe en el país, “cuya más cruda demostración son las más de 52 mil personas fallecidas sin identificar. El trato indigno y la falta de un acompañamiento adecuado a los familiares en los procesos de identificación y entrega sólo agravan esta situación”.

Villa también reconoció la apertura del gobierno mexicano a la realización de la visita originalmente solicitada en 2013 y los avances legislativos e institucionales, como la adopción de la ley general en la materia y la ley general de víctimas, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas, así como el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense.

Concluyó que el reto “es inmenso, lo reconocemos. Ningún proceso o mecanismo puede tener éxito si no cuenta con voluntad política, participación efectiva de las víctimas, así como con recursos financieros suficientes y personal debidamente capacitado, competente y comprometido para llevar a cabo la búsqueda de las personas desaparecidas y las investigaciones sobre su desaparición”. Por ello, ofreció la colaboración del CED para encontrar salidas a este fenómeno en México.

Fuente: La Jornada.

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Gobierno

Marcelo Ebrard se reencontró con Evo Morales

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Marcelo Ebrard sostuvo un reencuentro en Perú con el exmandatario boliviano Evo Morales.

La Secretaría de Relaciones Exteriores dio a conocer un video donde se encuentra Marcelo Ebrard y Evo Morales sosteniendo una charla.

Esta mañana, en Perú, el canciller Marcelo Ebrard saludó al expresidente boliviano Evo Morales, un gran amigo del pueblo mexicano y de nuestro presidente (Andrés Manuel López Obrador)”, se lee en el mensaje.

México y Bolivia son países hermanos en América Latina”, se agregó en la cuenta de Twitter de Cancillería.

Por su parte, Morales Ayma afirmó que en la reunión se trataron temas de coordinación política de América Latina, “y le agradecimos sus gestiones y las del hermano presidente López Obrador para salvarnos la vida durante el golpe de Estado 2019″.

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