El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó este 13 de mayo de 2026 un aviso de trascendencia nacional emanado del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT). Bajo la firma del Secretario General, Marcos M. Herrería Alamina, el documento establece los nuevos montos máximos de crédito que el Instituto otorgará a sus derechohabientes. Sin embargo, tras la frialdad de las cifras oficiales y el lenguaje técnico, subyace una realidad de desigualdad que cuestiona el derecho constitucional a una vivienda digna para la mayoría de los mexicanos.
El Anuncio: El «Techo» de los 711.9 Salarios Mínimos
El aviso detalla que, tras una serie de sesiones ordinarias y extraordinarias del Consejo de Administración celebradas entre finales de 2025 y marzo de 2026, se aprobó un «Ajuste Transversal UMA – Pesos». La medida central es el establecimiento de un monto máximo de crédito de hasta 711.9 veces el Salario Mínimo mensual (VSM).
Para el México de 2026, donde el salario mínimo general se sitúa en los $9,582.47 pesos mensuales, este tope teórico de crédito se eleva por encima de los 6.8 millones de pesos. A primera vista, la cifra parece una apertura sin precedentes hacia viviendas de mayor plusvalía; no obstante, el mismo documento impone una barrera de entrada: un «ingreso máximo reconocido» de hasta 15 veces el salario mínimo para el cálculo de estas líneas de crédito.
La Brecha Salarial: Un Sistema Diseñado para la Cúspide
El análisis técnico del aviso revela una cruda desconexión con la base trabajadora. Mientras el INFONAVIT actualiza sus reglas de negocio para permitir créditos millonarios, las estadísticas nacionales de 2026 indican que el 40% de la población ocupada percibe apenas el salario mínimo o incluso menos, debido a la persistente informalidad y la precariedad laboral.
Para un trabajador promedio que percibe $10,000 pesos mensuales, este anuncio es, en la práctica, letra muerta. Su capacidad de crédito no se rige por el «monto máximo» de 711.9 VSM, sino por su Salario Diario Integrado y su capacidad de pago, la cual difícilmente superará los $500,000 o $600,000 pesos. En contraste, un gerente o directivo que percibe ingresos superiores a los $25,000 pesos es el verdadero beneficiario de esta medida, al ver ampliado su horizonte para adquirir propiedades en zonas urbanas consolidadas.
«Unamos Créditos»: ¿Solidaridad o Necesidad?
El documento hace especial énfasis en que estos montos aplican para las modalidades individual, conyugal y, notablemente, Unamos Créditos (UCI). Esta última modalidad se ha convertido en la válvula de escape del Instituto ante la insuficiencia de los salarios individuales. Al no alcanzar el monto necesario de forma independiente, el sistema empuja a los trabajadores a comprometer su patrimonio con terceros (familiares o amigos) por plazos de hasta 30 años, una solución que, si bien permite el acceso, diluye la propiedad individual.
Desigualdad Habitacional en Cifras
La publicación en el DOF ocurre en un contexto donde el costo del suelo y la construcción ha superado con creces el crecimiento de los ingresos. Al fijar topes tan altos, el INFONAVIT busca competir con la banca comercial por los clientes de «alto prestigio salarial», pero deja en el aire una pregunta incómoda: ¿Qué sucede con el trabajador que gana menos de $8,000 pesos?
Con un salario mínimo de $9,582.47, aquel que gana menos se encuentra técnicamente fuera del margen de legalidad laboral o en la informalidad absoluta. Para este sector, que representa a millones de mexicanos, el aviso del 13 de mayo no representa una llave para una casa, sino un recordatorio de que la vivienda en México se ha segmentado por clases: viviendas de interés social en periferias sin servicios para la base, y créditos robustos para la élite salarial.
Conclusión: Un Ajuste Técnico con Sabor Amargo
El INFONAVIT defiende este ajuste como una necesidad para mantener la salud financiera del fondo y transitar definitivamente de un esquema en UMA a Pesos, evitando que las deudas de los trabajadores crezcan desproporcionadamente. Sin embargo, para el pueblo que labora en las oficinas, en las calles y en las zonas turísticas como Playa del Carmen, la noticia se recibe con escepticismo.
El derecho a la vivienda, según el espíritu de este nuevo aviso, parece estar más ligado a la capacidad de consumo que a la necesidad social. Mientras los montos máximos suben para unos pocos, la realidad del trabajador de a pie sigue estancada en un mercado inmobiliario que lo expulsa hacia los márgenes.
Por A.G. Información. DOF-
