En una decisión histórica que pone freno a los abusos de poder legislativo en los estados, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha dictado sentencia definitiva en la Acción de Inconstitucionalidad 66/2025. El veredicto es contundente: el Congreso de Baja California Norte violó el pacto federal al intentar crear sus propias reglas de justicia penal, invadiendo funciones que solo le corresponden a la Federación.
El engaño legal: ¿Qué intentó hacer Baja California?
Todo comenzó el 9 de agosto de 2024, cuando entró en vigor una reforma local al Código Penal y a la Ley de Seguridad Pública del estado. Bajo la bandera de «combatir la delincuencia», los diputados locales modificaron las leyes para endurecer los castigos. Sin embargo, en el fondo, lo que hicieron fue un «secuestro» de funciones legales.
Baja California intentó decidir, por su propia cuenta, quiénes debían ir a prisión automática (Prisión Preventiva Oficiosa) por delitos como robo de vehículo con violencia, extorsión y delitos contra la seguridad pública, creando un catálogo de delitos locales que obligaba a los jueces a encerrar a las personas sin analizar sus casos.
La sentencia de la Corte: Un «no» rotundo a la invasión de poderes
El tribunal más alto de México, con una mayoría de ocho votos —donde fue fundamental la postura de la Ministra Sara Irene Herrerías Guerra—, determinó que esta ley es inconstitucional por tres razones verdaderas y directas:
- Invasión de facultades: Desde 2014, los estados tienen prohibido hacer sus propias leyes de procedimientos penales. Solo el Congreso de la Unión puede decir cómo se juzga a un mexicano. Baja California intentó jugar a ser «soberano» en un área donde no tiene permiso.
- Ataduras a los jueces: La ley estatal le quitaba al juez su herramienta más importante: el criterio. Al obligarlos a encarcelar gente bajo una lista local, se violaba el derecho humano a la presunción de inocencia.
- Confusión jurídica: Al existir una ley nacional y una ley local distinta, se generaba un caos donde el ciudadano no sabía bajo qué reglas sería juzgado, permitiendo abusos de fiscales y policías.
El alivio para el pueblo: Los efectos retroactivos
Lo más relevante de esta noticia para el pueblo es el alcance de la sentencia. La Corte no solo borró la ley hacia adelante, sino que ordenó que la invalidez sea retroactiva al 9 de agosto de 2024.
Esto significa que:
- Cualquier persona que haya sido procesada o encarcelada bajo esas reglas específicas en Baja California tiene ahora el derecho de que su caso sea revisado.
- Se ordena a los jueces de distrito y magistrados del Décimo Quinto Circuito aplicar esta sentencia de inmediato para corregir las injusticias cometidas en los últimos meses.
La pregunta del pueblo: ¿Habrá castigo para los políticos?
A pesar de que el juramento de los diputados y el gobernador es «guardar y hacer guardar la Constitución», en el sistema actual de México, los legisladores gozan de inmunidad parlamentaria. Esto significa que, aunque hayan creado una ley ilegal que afectó la libertad de ciudadanos, no enfrentarán cárcel ni juicios penales por el simple hecho de legislar mal.
Su «castigo» es únicamente la anulación de su trabajo y el descrédito político. La sentencia ha sido notificada oficialmente al Congreso de Baja California y a la Titular del Poder Ejecutivo local para que detengan cualquier aplicación de estas normas de inmediato.
Conclusión
Esta sentencia es un recordatorio de que en México nadie, ni siquiera un Congreso estatal, está por encima de la Constitución. La intervención de la Suprema Corte asegura que la justicia penal sea igual para todos los mexicanos, evitando que cada estado invente su propio sistema de castigos a conveniencia política.
Por. A.G. Información. DOF-
