Ciudad de México.— Ante el creciente número de amenazas de bomba registradas recientemente en planteles educativos, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México solicitó al Congreso capitalino reformar el Código Penal local para endurecer las sanciones por este delito.
La iniciativa, presentada por la fiscal Bertha Alcalde Luján, plantea triplicar la pena cuando las amenazas se cometan con ciertos agravantes, especialmente cuando se utilizan explosivos o se busca intimidar a personas involucradas en procesos judiciales.
Actualmente, la amenaza simple se castiga con penas de uno a dos años de prisión; sin embargo, la Fiscalía busca que en casos agravados la sanción pueda aumentar significativamente.
“Este delito ha tomado fuerza en espacios educativos, particularmente universidades, generando temor y afectando el bienestar de toda la comunidad estudiantil. Es fundamental actuar con firmeza”, declaró la fiscal Alcalde ante diputados locales.
Las amenazas, antesala de delitos mayores
La Fiscalía alertó que el delito de amenazas se ubica ya como el tercero más frecuente en la capital, y suele ser un indicio previo de conductas más graves, como la extorsión o incluso el homicidio.
Por ello, se propone que la pena aumente al triple cuando las amenazas cumplan con alguno de los siguientes criterios:
- Si se realizan con armas de fuego o punzocortantes
- Cuando quien amenaza se ostenta como integrante de un grupo delictivo
- Si el objetivo es provocar la muerte
- Cuando se empleen bombas o artefactos explosivos
- O si van dirigidas contra personas involucradas en un proceso penal, con la intención de influir, obstaculizar o intimidar su participación
La propuesta será turnada a comisiones del Congreso local para su análisis, en medio de una creciente preocupación por el uso de amenazas como mecanismo de violencia y presión, particularmente en entornos escolares.
