Mientras millones de mexicanos luchan día a día por sacar adelante a sus familias, en las altas esferas del Poder Judicial se ha tomado una decisión que, bajo el disfraz de «orden administrativo», pone un freno de mano a la esperanza de justicia de la clase obrera. El pasado 12 de mayo de 2026, se oficializó el Acuerdo General 4/2026 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una medida que, en términos llanos, ordena a los jueces de todo el país no dictar sentencias finales en miles de juicios laborales.
El laberinto que el Gobierno creó y el trabajador paga
Para entender este atropello, hay que mirar atrás. El Gobierno de México inició hace años una reforma para cerrar las viejas «Juntas de Conciliación y Arbitraje» y abrir nuevos tribunales. Sin embargo, el proceso ha sido un caos logístico. Al cerrar las Juntas antes de terminar los juicios pendientes, miles de expedientes quedaron volando.
Ahora, los jueces federales se pelean entre sí: unos dicen que no les toca resolver porque el expediente viene de otro estado, y otros dicen que tampoco les corresponde porque la oficina que inició el caso ya no existe. Mientras ellos discuten en sus oficinas con aire acondicionado, el trabajador espera.
¿Qué dice realmente el decreto de la Suprema Corte?
El documento publicado en el Diario Oficial de la Federación ordena que todos los casos de «amparo directo» (la última etapa de un juicio laboral) donde la Junta original haya desaparecido, se queden en un cajón.
- El trámite sigue, pero la firma no llega: Los jueces pueden seguir recibiendo papeles, pero tienen estrictamente prohibido decir quién ganó.
- La «pausa» indefinida: No hay una fecha clara para que esto termine. La orden es esperar a que la Suprema Corte decida una «regla de oro» sobre qué juez debe firmar.
- Unanimidad contra el pueblo: La medida fue aprobada por los ministros presentes (incluyendo a Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa y Yasmín Esquivel), argumentando que buscan «seguridad jurídica». Pero, ¿seguridad para quién?
¿A quién beneficia este silencio judicial?
No hace falta ser abogado para entender quién gana con el tiempo. En un juicio laboral de este tipo, normalmente hay dos bandos: un trabajador que fue despedido o abusado, y una empresa con capital.
- Para el patrón: Cada mes que la sentencia no sale es un mes donde el dinero de la liquidación sigue en su cuenta bancaria. Para los grandes empresarios, este retraso es un regalo burocrático que les permite postergar sus obligaciones financieras.
- Para el trabajador: El tiempo es hambre. Muchos trabajadores llevan 5, 8 o hasta 10 años peleando. Esta nueva pausa es el tiro de gracia que los obliga a aceptar acuerdos injustos o migajas con tal de recibir algo de dinero hoy, ante la amenaza de que su sentencia tarde otros dos años en «congelación».
La burocracia como arma de desgaste
Este acuerdo es la prueba máxima de que la justicia en México sigue siendo un privilegio de quienes pueden esperar. Al trabajador se le exige cumplir con plazos de días para presentar pruebas, pero al Estado y a los grandes tribunales se les permite detener la vida de miles de personas por un «conflicto de competencia por territorio».
En términos reales, estamos ante una justicia secuestrada por la geografía. Porque al sistema le importa más definir exactamente en qué oficina se firma el papel, que el hecho de que una familia mexicana lleva años esperando el pago de sus salarios caídos.
Conclusión: ¿Justicia social o papeleo eterno?
El Acuerdo 4/2026 es un recordatorio de que, a pesar de las reformas, el sistema está diseñado para protegerse a sí mismo. La Suprema Corte ha decidido que es más importante «poner orden en la casa» que entregar el cheque a quien trabajó por él.
Hoy, miles de expedientes en todo el país dormirán el sueño de los justos en los archivos de los Tribunales Colegiados, mientras el pueblo sigue esperando que la justicia, alguna vez, llegue antes de que la necesidad lo obligue a rendirse.
¿Qué puedes hacer? Si tienes un juicio laboral activo de los «anteriores» y tu abogado te dice que «está pausado en el Colegiado», ya sabes por qué: la Suprema Corte ha decidido que tu derecho a una sentencia rápida es menos importante que su necesidad de arreglar un desorden administrativo que ellos mismos provocaron.
Por. A.G. Información DOF-
