En un golpe de timón que deja a la comunidad científica mexicana en un estado de vulnerabilidad absoluta, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha oficializado un nuevo Instrumento Normativo que ordena detener el dictado de sentencias en todos los juicios de amparo relacionados con la polémica Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación.
Con esta medida, publicada en el Diario Oficial de la Federación este 12 de mayo de 2026, el máximo tribunal del país ha decidido poner bajo llave los reclamos legales de investigadores, académicos y universidades que consideran que la ley actual viola la libertad de investigación y la autonomía científica en México.
Un candado total: De la ley a los reglamentos
Lo que hace este nuevo acuerdo particularmente severo es su alcance. No solo se mantienen congelados los juicios contra la ley principal aprobada en 2023, sino que ahora la Corte ha incluido cualquier disposición reglamentaria derivada de ella.
Esto significa que, si un centro de investigación o un científico se ampara contra una regla específica de becas, un recorte de presupuesto o una nueva norma impuesta por el gobierno para controlar sus proyectos, el juicio quedará detenido justo antes de recibir una sentencia. La justicia para la ciencia mexicana ha entrado en una fase de «pausa indefinida».
¿Por qué la comunidad científica está en pie de lucha?
Desde que se expidió esta ley en mayo de 2023, miles de académicos se han manifestado en contra, argumentando que el nuevo modelo centraliza el control del conocimiento en manos de funcionarios públicos y elimina la voz de los expertos independientes.
- Libertad de investigación: Los amparos presentados sostienen que la ley permite al gobierno decidir qué es «ciencia útil» y qué no, limitando la creatividad y el avance tecnológico.
- Recursos y becas: Muchos de los juicios hoy pausados fueron interpuestos por estudiantes e investigadores que vieron afectados sus apoyos económicos bajo las nuevas reglas.
- Derechos adquiridos: La ley reformó también la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, permitiendo una intervención directa del Estado en centros de investigación que antes gozaban de mayor independencia.
La estrategia del desgaste: El factor tiempo
Aunque la Suprema Corte, presidida por el Ministro Hugo Aguilar Ortiz, justifica este aplazamiento bajo el argumento de evitar sentencias contradictorias y buscar «seguridad jurídica», para los científicos el mensaje es de desgaste.
En el mundo de la ciencia, el tiempo es el recurso más valioso. Un proyecto de investigación que se detiene por falta de recursos no puede esperar dos o tres años a que la Corte decida si la ley es constitucional o no. Al congelar las sentencias, la Corte le otorga al gobierno un «permiso de facto» para seguir aplicando la ley tal como está, ignorando los miles de reclamos ciudadanos que están en espera.
Una decisión unánime en la cúpula
El acuerdo fue respaldado de manera unánime por los ministros presentes, incluyendo a Sara Irene Herrerías, Irving Espinosa, María Estela Ríos y Yasmín Esquivel. Cabe destacar que el ministro Giovanni Azael Figueroa no votó al haberse declarado impedido anteriormente por conflictos de interés en este tema.
Esta unanimidad en la cúpula judicial deja al pueblo de México ante una realidad cruda: la reforma científica del Estado continuará su marcha sin obstáculos legales, mientras que los defensores de la ciencia independiente ven cómo sus expedientes se acumulan en los archivos de los Tribunales Colegiados de Circuito.
¿Qué sigue para el pueblo de México?
La ciencia y la tecnología son las herramientas que permiten a un país resolver problemas de salud, energía y medio ambiente. Al silenciar legalmente a quienes generan este conocimiento, se pone en riesgo el progreso nacional.
Hoy, los laboratorios, las aulas y los centros de investigación de todo el país reciben la noticia de que su derecho a una justicia pronta ha sido sacrificado en aras de un orden administrativo. En México, por ahora, la ciencia no se discute en los tribunales; se queda en espera de que la Suprema Corte decida cuándo es momento de volver a hablar.
Por. A.G. Información DOF
