En un fallo que expone la violencia institucional más cruda, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó formalmente al Estado mexicano por un crimen de odio y abuso de poder: la violación sexual, tortura y asesinato de Ernestina Ascencio Rosario, una anciana indígena náhuatl de 73 años, perpetrado por elementos del Ejército Mexicano en el año 2007 en la Sierra de Zongolica, Veracruz.
La sentencia del tribunal internacional arranca la máscara de impunidad con la que el gobierno blindó a las fuerzas armadas durante casi dos décadas. En su momento, el aparato del Estado —incluyendo al propio Presidente de la República y a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)— operó para encubrir a los militares, alterando las pruebas médicas y asegurando ante los medios de comunicación que la anciana indígena había muerto de «causas naturales» por una gastritis, ignorando de manera cruel su testimonio y el dolor de su familia.
Ernestina Ascencio era una mujer de la tercera edad, monolingüe de la lengua náhuatl y habitante de una de las zonas más marginadas del país. Su condición de vulnerabilidad total como anciana, mujer e indígena fue utilizada por las autoridades para silenciar el caso y aplicar estereotipos discriminatorios, bajo la premisa de que sus vidas no importaban lo suficiente como para castigar a los soldados agresores. Ella fue hallada gravemente herida cerca de un campamento militar y, antes de fallecer, alcanzó a denunciar en su lengua materna que los uniformados la habían atacado; sin embargo, la justicia civil le dio la espalda y entregó el caso a la justicia militar, donde fue archivado.
La resolución internacional dictamina que México violó gravemente los derechos humanos y el acceso a la justicia con un sesgo racista y de género. Por ello, la Secretaría de Gobernación se ha visto obligada a publicar el extracto de la sentencia en el Diario Oficial de la Federación tanto en español como en náhuatl, reconociendo públicamente la verdad que se intentó enterrar: que a Ernestina la mató el Ejército.
Además de la inmediata reapertura de la investigación en los tribunales civiles para capturar a los militares responsables, la condena obliga al Estado a pedir una disculpa pública oficial por este atropello, otorgar becas de estudio a sus nietos, atención médica a sus hijos y crear un Registro Nacional de Intérpretes en Lenguas Indígenas para que ninguna otra mujer originaria vuelva a quedar desamparada ante la ley o los servicios de salud.
Por- A.G. Información. DOF-
