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Camara de Diputados

Morena propone que inquilinos soliciten no paga renta en CDMX

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Morena presentó una iniciativa de reformas al Código Civil para que los caseros flexibilicen la posesión de la propiedad,  con el objetivo de que los inquilinos no tengan que pagar las rentas en tiempo y forma, en caso de emergencias que paralice las actividades económica, como la pandemia de COVID-19.

Las diputadas Valentina Batres y Martha Ávila, por la Ciudad de México, propusieron que los inquilinos puedan exigir modificar el contrato de arrendamiento para cambiar las condiciones de éste, o incluso dejar de pagar.

“En caso de emergencia, desastres naturales, declaratorias de emergencia ambiental o natural, así como cualquier otra situación de fuerza mayor que paralice las actividades económicas e impida al arrendatario el cumplimiento del contrato, podrá solicitar al arrendador la renegociación transitoria o definitiva de las condiciones del contrato de arrendamiento”, señala la propuesta.

En caso de que no exista contrato escrito, no se podrá hacer el desalojo hasta que exista uno: “el arrendamiento de vivienda no podrá ser menor a tres años”.

“En el caso de arrendamientos de vivienda, la ausencia de contrato escrito impedirá que pueda hacerse un desalojo, aún por incumplimiento del pago de la renta, hasta que no sea subsanada esta formalidad”.

Tampoco se le podrá exigir un mes de anticipo al arrendatario ni que presente alguna propiedad como garantía.

“El arrendatario de vivienda tiene derecho a que no se le exija más de un mes de anticipo para el arriendo del inmueble; que no se le solicite fianza o algún tipo de propiedad inmueble como garantía; no ser víctimas de desocupaciones arbitrarias, ilegales y/o forzosas; en caso de desocupaciones ordenadas judicialmente deberá notificarse de la diligencia con una anticipación de dos meses contados a partir de la fecha de notificación”, se agrega la iniciativa.

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Aprueban diputados del bloque de MORENA en lo general desaparecer 109 fideicomisos

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En medio de protestas y reclamos de la oposición, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general con 242 votos en pro, 178 en contra y 7 abstenciones la desaparición de 109 fideicomisos.

Ahora los diputados discuten las 389 reservas al dictamen.

La aprobación en lo general se dio después de dos intentos previos.

El dictamen modifica las leyes para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; de Cooperación Internacional para el Desarrollo; de Hidrocarburos; de la Industria Eléctrica; Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; General de Protección Civil; Orgánica de la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; la de Ciencia y Tecnología; Aduanera y la Reglamentaria del Servicio Ferroviario.

Además, la Ley General de Cultura Física y Deporte; las leyes federales de Cinematografía; de Derechos; de las leyes del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo; de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados; General de Cambio Climático y General de Víctimas.

Asimismo, se abrogan las leyes que crean el Fideicomiso que Administrará el Fondo de Apoyo Social para Ex Trabajadores Migratorios Mexicanos y el Fideicomiso que Administrará el Fondo para el Fortalecimiento de Sociedades y Cooperativas de Ahorro y Préstamo y de Apoyo a sus Ahorradores.

Previamente, se habían emitido 230 votos a favor, 5 abstenciones y 12 en contra. En virtud de que no se alcanzó el quórum, la presidenta declaró un receso de 15 minutos, de conformidad con el artículo 46, numeral 3, del Reglamento de la Cámara de Diputados. Al termino del receso se registró una asistencia 371 diputadas y diputados.

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La Diputada María Rosete Promueve una Iniciativa Historica que regule a los trabajadores no asalariados incluyendo a los de Comercio Informal

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Ciudad de México a 13 de Diciembre 2019 (Cdmx Press ).-

El comercio en el espacio público no es un delito, sino una forma honesta de ganarse la vida.
 Hemos emprendido la tarea de realizar conversatorios en diversas entidades del país

En conferencia de prensa la diputada María Rosete, dio a conocer que en días pasados el Consejo General del Instituto Electoral Ciudad de México aprobó el dictamen correspondiente a la validación de firmas que presentó el Consejo Promotor para acompañar la Iniciativa de “Ley Ciudadana que regule a los trabajadores no asalariados, a los prestadores por cuenta propia, a los comerciantes de la vía y espacio públicos, incluyendo a los locatarios de los mercados públicos”.
Con este dictamen se le dio a la iniciativa el carácter ciudadano para que sea analizada en el Congreso de la Ciudad de México y dar cumplimiento al mandato constitucional para la expedición de la Ley Secundaria en materia de comercio en el espacio público. Cabe destacar que este ejercicio es un gran esfuerzo ciudadano -para incidir en las decisiones de gobierno y legislativas- que promueve la cultura de la inclusión y participación de la ciudadanía. Estamos ante una iniciativa histórica que sentará las bases para incentivar una ciudadanía más participativa.

En la conferencia la diputada Rosete mencionó: “El Instituto Electoral de la Ciudad
de México llevó a cabo la revisión con los estándares más altos de certeza, legalidad
y transparencia, además de atender los estrictos protocolos de seguridad. Por su
parte el esfuerzo que realizó el Consejo Promotor, da muestra del interés de la
sociedad por participar de manera activa en este tipo de ejercicio de democracia
para darle una nueva vida al fenómeno laboral en nuestra ciudad”.
La ruta crítica de esta iniciativa, data del 31 de enero de 2017, fecha en la que la
Asamblea Constituyente de la Ciudad de México aprobó la Constitución Política de
la Ciudad de México, en la que fue incorporado el llamado “comercio informal” en el
marco jurídico y se mandato al Congreso local aprobar la ley secundaria en esta
materia para darle operatividad al marco constitucional.
Gracias a la Ley de Participación Ciudadana local, se contempló el acceso de la
sociedad a la Democracia Directa mediante la Iniciativa Ciudadana, la cual fue
ejercida exitosamente en el mes de septiembre para presentar proyectos de ley que
quieren contribuir a solucionar la problemática que existe en el comercio en el
espacio público.
La legisladora federal enfatizó al respecto: “Este es el principio de una ardua tarea
que se habrá de emprender para transitar hacia la formalización del comercio en el
espacio público, y dejar de criminalizar esta actividad en la que se encuentran
inmersos más de 31 millones de personas que salen día con día a ganarse el
sustento para sus familias de manera honesta.

Desafortunadamente, este tema no se ha tratado de forma integral y con perspectiva
social por los gobiernos o congresos de nuestro país. Por lo regular, las políticas y
programas se han limitado a la inclusión al sistema tributario y pago de tarifas, así
como a programas de desalojo o reubicación, sin ir más allá del problema, que es
el lado social”. Es preciso entender que el problema, va por el lado de crear un
círculo virtuoso dentro de la Ley entre todos los actores que intervienen en el
sistema productivo nacional y local, ya sea formal o “ambulante”, pero ya se debe
terminar con la necedad del divisionismo y marginación.”

El comercio en el espacio público no es un delito, sino una forma honesta de
ganarse la vida, ante la incapacidad de los gobiernos y de la iniciativa privada para
generar los empleos formales que la población en edad de trabajar requiere.
“Sin trabajo no hay bienestar, estabilidad, dignificación, unión ni desarrollo, por el
contrario, tiende a aumentar la pobreza, la delincuencia y el deterioro social, que
tanto daño han hecho a la sociedad”.

Después de dar el primer paso en la Ciudad de México, el sector de trabajadores
en el espacio público hemos emprendido la tarea de realizar conversatorios en
diversas entidades del país, para presentar una iniciativa sólida, elaborada por los
mismos actores que recoja todas las opiniones, las necesidades y problemáticas de
quienes padecer vejaciones, corrupción y prácticas que laceran sus más
elementales derechos humanos.

Por tanto, estamos trabajando en el sentido de presentar un Proyecto de decreto
que genere las condiciones jurídicas mediante reformas a los artículos 5º y 123 de
la Constitución Política, para transitar hacia la inclusión de los trabajadores
informales en procesos formales y hacerlos partícipes del desarrollo del país.
Así como en el artículo 123 de la Constitución existen los apartados A y B para los
trabajadores, es necesario introducir un apartado “C”, con todos los derechos y
obligaciones que deberán regir para este sector que está conformado, como ya se
mencionó, por más de 31 millones de trabajadores.

Esta actividad debe ser reconocida en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, así como en la legislación secundaria correspondiente y las
legislaciones locales, ya que de esta forma se garantiza el derecho al trabajo de los
millones de personas que venden productos y servicios lícitos en la calle.

“Los trabajadores en el espacio público terminan pagando más por permisos,
corrupción o cuotas en comparación de lo que paga vía impuestos, un trabajador
formal, eso sin mencionar que tampoco cuentan con seguridad social, acceso a
créditos de casa ni otras prestaciones de ley” concluyó la diputada Rosete.

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