El pleno del Senado aprobó por mayoría de votos la creación de un Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil con datos biométricos, es decir, huella dactilar, iris de los ojos, facciones del rostro, tono de voz y firma, a fin de reducir los delitos de extorsión y secuestro que dejan ganancias a la delincuencia organizada estimadas en 12 mil millones de pesos anuales.

El registro en el padrón será obligatorio para los 122 millones de usuarios que, actualmente, poseen una línea de prepago o pospago, quienes deberán proporcionar identificación oficial, comprobante de domicilio y datos biométricos para la activación del servicio de la línea telefónica móvil.

El no registro o el registro extemporáneo en el padrón, será motivo de la cancelación definitiva de la línea telefónica y de una multa de 89,692 pesos.

Los cambios a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión fueron aprobados con 54 votos en pro, 49 en contra y 10 abstenciones.

Los senadores fijaron postura.

Miguel Ángel Mancera, coordinador del PRD, afirmó que este padrón es un “cóctel” de violaciones a la Constitución.

“Es un cóctel de violaciones constitucionales, es una suma de afectaciones a diversas garantías, sin duda lejos de coadyuvar a la lucha contra la inseguridad van a fomentar otras prácticas. (…) Lo que se advierte aquí es que va a haber entre acciones de inconstitucionalidad, hasta juicios de amparo por muchos de los usuarios, porque hay irretroactividad de la ley, ¿cómo te van a obligar retroactivamente a que te registres?, y sino en treinta días te van a cancelar la línea”.

La priísta Claudia Ruiz Massieu, señaló que la obligación de entregar datos biométricos atenta contra derechos fundamentales de los usuarios y su privacidad.

“El padrón violenta la presunción de inocencia y pone en riesgo la seguridad de las personas usuarias del servicio de telefonía celular, porque presume culpable de cualquier delito al titular de la línea registrada, si el número telefónico es usado para cometer un delito, el usuario queda en total indefensión”.

Xóchitl Gálvez, aseveró que la finalidad de este padrón es monitorear a 122 millones de usuarios.

“Esta reforma conlleva el riesgo de crear una herramienta inconstitucional y autoritaria. (…) Este proyecto atenta contra la privacidad y protección de datos personales y transgrede la libertad de comunicación. (…) Se vuelve una especie de ‘gran hermano’ al estilo de la novela de George Orwell para vigilar y monitorear a más de ciento veintidós millones de usuarios de la red de telefonía celular”.

El ex ombudsperson de la Ciudad de México, Emilio Álvarez Icaza, manifestó que la constitución de este padrón es propio de regímenes autoritarios.

“Constituye una medida propia de regímenes autoritarios y obstaculiza el derecho a la expresión anónima y facilita el monitoreo y control de poblaciones en violación a los derechos humanos y libertades fundamentales. Sólo hay diecisiete países que tienen un padrón de esta naturaleza, todos de corte autoritario, todos de regímenes que violan los derechos humanos: China, Afganistán, Venezuela, allá vamos a incluir a México”.

La senadora de Morena, Lucy Meza, presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, estimó que con este padrón se inhibirán las ganancias millonarias que la delincuencia organizada obtiene de la extorsión y del secuestro.

“De acuerdo con el INEGI en el año 2019, uno de cada cinco delitos cometidos fue una extorsión. En el año 2019 se cometieron 4.6 millones de extorsiones, lo que representa 9 extorsiones por minuto. (…) Esto le genera a la delincuencia organizada los delitos de extorsión y secuestro, principalmente, más de 12 mil millones de pesos al año”.

Según el dictamen, la información del padrón será confidencial y reservada en los términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares.

Este padrón contendría la siguiente información:

Número de línea telefónica móvil. Fecha y hora de la activación de la línea telefónica adquirida en la tarjeta SIM. Nombre completo o, en su caso, denominación o razón social del usuario. Nacionalidad. Número de identificación oficial con fotografía o Clave Única de Registro de Población del titular de la línea.

Datos biométricos del usuario y, en su caso, del representante legal de la persona moral, conforme a las disposiciones administrativas de carácter general. Domicilio del usuario. Datos del concesionario de telecomunicaciones o, en su caso, de los autorizados. Y esquema de contratación de la línea telefónica, ya sea de pospago o prepago.

El gobierno federal a través de las secretarías de Comunicaciones y Transportes, de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, del Instituto Federal de Telecomunicaciones y los concesionarios deberán realizar campañas y programas informativos a sus clientes o usuarios para incentivar la obligación de denunciar el robo o extravío de sus equipos celulares o de las tarjetas SIM.

Así como para prevenir el robo de identidad y el uso ilícito de las líneas telefónicas móviles, así como en los casos que se trate de venta o cesión de una línea móvil.

El decreto se envió al Ejecutivo Federal para su promulgación en el Diario Oficial de la Federación.