• Los diversos Grupos Parlamentarios fijan postura a favor y en contra del dictamen. 

Con 68 votos a favor y 48 en contra, el Pleno del Senado de la República aprobó, en lo general, la propuesta por la que se eliminan 13 de los 14 fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF).

El proyecto reforma el artículo 224 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para establecer que, en dicho Poder, no podrán ser creados ni mantenerse en operación fondos o fideicomisos adicionales al fondo económico para el mejoramiento de la administración de justicia.

Durante los posicionamientos de los Grupos Parlamentarios, el senador César Cravioto Romero, de Morena, recordó que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha limitado las pensiones de todos los trabajadores de México, mientras que a sus empleados les otorga todo tipo de apoyos, lo cual representa un agravio. Además, denunció que los fideicomisos se usan para generar intereses, no para atender a las y los trabajadores.

Por Acción Nacional, el senador Julen Rementería del Puerto aseveró que esta reforma es un agravio y una afrenta contra las y los trabajadores de México, particularmente a los del PJF. En ese sentido, sostuvo que no existe razón legal para erradicar los fideicomisos, ni señalamientos por una mala administración de sus recursos.

En tanto, la senadora Patricia Mercado, de Movimiento Ciudadano, indicó que se debe realizar una reforma profunda al Poder Judicial a través del diálogo y no de la imposición. Además, dijo que deben mejorar todas las condiciones laborales de las y los trabajadores del Estado, en lugar de erradicar los derechos del personal del PJF.

El senador Manuel Añorve Baños, del PRI, afirmó que la eliminación de los fideicomisos afectará los derechos laborales de más de 55 mil trabajadores del Poder Judicial y castigará su autonomía e independencia. También denunció que esta reforma “vulnera el derecho de la justicia que tienen las y los mexicanos”.

Por el PVEM, el senador Rogelio Israel Zamora Guzmán argumentó que este proyecto ayudará a defender los derechos de las y los trabajadores del PJF, ya que se sacarán los instrumentos ilegales y esos recursos se pasarán a la nómina presupuestal establecida por los ordenamientos legales.

Por el PT, el senador Joel Padilla Peña destacó que con esta reforma se ahorrarán más de 15 mil millones de pesos, que serán destinados a los programas prioritarios para el bienestar, con especial atención a la población más vulnerable del país. También afirmó que “no afectarán el salario y las prestaciones de las y los trabajadores del Poder Judicial”.

La senadora Eunice Renata Romo Molina, del PES, enfatizó que los 13 fideicomisos que no tienen sustento legal duplican funciones del etiquetado del presupuesto y “deben extinguirse por congruencia”. Somos congruentes y defendemos los derechos de la clase trabajadora, pero no vamos a acompañar los privilegios de unos cuantos sobre la mayoría, asentó.

Del PRD, el senador Juan Manuel Fócil Pérez afirmó que la eliminación de los fideicomisos del PJF es una venganza del presidente Andrés Manuel López Obrador contra la SCJN, el cual tiene como daño colateral a las y los trabajadores de este Poder; no se trata de acabar con privilegios, sino de un asunto político, denunció.

Emilio Álvarez Icaza Longoria, senador del Grupo Plural, dijo que lo que está en juego es la autonomía del Poder Judicial, ya que el objetivo de la mayoría legislativa es lucrar electoralmente con esta reforma. Además, acusó que el Poder Ejecutivo tiene fideicomisos a los que le destina recursos de forma opaca para obras públicas.

Durante la discusión en lo general del proyecto participaron las y los senadores Olga Sánchez Cordero, Casimiro Méndez Ortiz, Antares Vázquez Alatorre, Navor Alberto Rojas Mancera y Raúl Paz Alonzo, de Morena; Josefina Vázquez Mota, del PAN; Beatriz Paredes Rangel, del PRI; Cora Cecilia Pinedo Alonso, del PT; Antonio García Conejo, del PRD; y Gustavo Madero Muñoz, del Grupo Plural.

Tras la aprobación del proyecto en lo general, la Asamblea dio paso a la discusión de las reservas que presentaron legisladores de diferentes Grupos Parlamentarios.