Columna: Pensamiento Crítico
La confrontación entre los Poderes de la Unión en México no ha sido históricamente un tema polémico de la agenda pública nacional derivado de la hegemonía del sistema presidencialista fortalecido durante todo el periodo del régimen priista, donde básicamente el Poder Legislativo y el Poder Judicial se sometían a la monarquía sexenal (Velasco Piña) del presidente en turno.
Desde la reforma judicial impuesta por el expresidente Ernesto Zedillo en 1995, el Poder Judicial en México se había mantenido acotado bajo la dinámica del sistema presidencialista en un coto de poder político vinculado de manera intrínseca por la génesis de los nombramientos de los Ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde el Poder Ejecutivo, ejerciendo jurídicamente la primer magistratura del país.
A diferencia de otros países del continente como Perú donde el Congreso remueve constantemente a los presidentes de sus cargos, siendo el caso más reciente, la remoción y encarcelamiento de Pedro Castillo, pero antes le sucedió a los expresidentes Vizcarra y a Pedro Pablo Kuciszky, todas la destituciones mencionadas sucedieron en menos de cinco años. De igual forma en Brasil, el Legislativo removió a Dilma Rousseff de la presidencia por medio del impeachment que llevó a la presidencia a Michelle Temer.
Otro caso emblemático de choque entre poderes federales fue durante la disolución de la U.R.S.S. cuando el presidente Gorvachov disolvió al Estado Soviético sin el consentimiento de la Duma Legislativa de Moscú, provocando una crisis política que terminó posteriormente con la caída de todo el bloque comunista en Europa del Este.
Constancia de Validez de la elección presidencial de 2024
El Poder Judicial es el encargado de calificar la validez de las elecciones en México por mandato constitucional, así mismo el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) determinará la distribución final de los espacios plurinominales en el Poder Legislativo por medio de la resolución de los juicios electorales interpuestos por los partidos de oposición PRI-PAN en relación a la denunciada «sobre-representación» de MORENA y sus aliados en las Cámaras Legislativas.
El presidente López Obrador acusó a la oposición de tener listo un plan para judicializar la elección presidencial previo a la jornada electoral del 1ro de junio de 2024 y el medio Contralínea documentó periodísticamente la gestación de un presunto «golpe judicial» encabezado por la Ministra Fernández Piña para invalidar la elección por la intromisión presidencial durante el proceso electoral 2024.
Luisa María Alcalde, Secretaria de Gobernación expuso en la conferencia mañanera del 02 de junio la presunta conformación de las Cámaras Legislativas en la próxima LXVI Legislatura que tomará posesión el 1ro de septiembre de 2024.
El presidente López Obrador ha sido tajante en impulsar el avance de la reforma judicial para que jueces, magistrados y ministros sean elegidos por medio del voto popular y de esta forma renovar al Poder Judicial legitimado en las urnas. Recientemente el TEPJF resolvió que AMLO vulneró los principios de imparcialidad, neutralidad y equidad en la contienda electoral.
Ciro Murayama, ex consejero del INE es uno de los principales promotores de la tesis de la sobrerrepresentación de MORENA y partidos aliados con la intención de interpretar una cambio en la repartición de los legisladores plurinominales argumentando que debe ser calculado de acuerdo al porcentaje de votos recibidos por coalición y no de acuerdo a la votación de cada partido político. Esa interpretación de la ley le quitaría la mayoría absoluta en el Congreso a Morena, PT y Partido Verde para realizar cambios constitucionales.
El mes de agosto es clave para conocer la conformación del Congreso avalada por el Poder Judicial, teniendo como piezas de cambio: la constancia de validez de la elección presidencial de Claudia Sheinbaum y el dictamen de la sobre-representación para la distribución de las diputaciones plurinominales.
Si el Poder Judicial asesta el golpe de redistribuir los espacios plurinominales para arrebatarle a Morena y aliados la MAYORÍA CALIFICADA, de facto les arrebataría la capacidad de modificar la Constitución para llevar a cabo la mencionada reforma judicial.
La Ministra Norma Piña estuvo en Estados Unidos el 21 de julio de 2023 participando en el World Law Congress 2023, donde advirtió sobre los riesgos de no respetar la autonomía del Poder Judicial.
Por su parte, la virtual presidente electa Claudia Sheinbaum respondió el 19 de junio en un conferencia de prensa que esperará a que el Poder Judicial le entregue su constancia de validez como presidente electa para poder planear cualquier reunión con los Ministros de la Corte en el marco del Parlamento Abierto donde se ha dialogado sobre la iniciativa de reforma al poder judicial.
En medio de una confrontación entre el Poder Judicial y el presidente López Obrador, se suma la polémica por la reunión extra oficial del dirigente del PRI, Alito Moreno y la Ministra Norma Piña, así como los chats publicados por el Senador Alejandro Armenta y Magistrados electorales que mostraban injerencia y presiones para la toma de decisiones institucionales del Poder Judicial.
Asimismo el ex ministro Zaldivar confrontó a Norma Piña para inferir que intervino en la la elección de 2024 y para asegurar que el Poder Judicial está al servicio de la oligarquía del país con el caso emblemático del Ministro José María Aguilar que tiene en la congeladora judicial el juicio para el pago de impuestos millonario de Grupo Salinas, así como también se ha exhibido la corrupción de los jueces al dejar libres a presuntos delincuentes en los denominados sabadazos.
En síntesis, la 4T parece estar a merced del Poder Judicial para garantizar la gobernabilidad en una transición pacífica pero bajo la amenaza de iniciar el nuevo sexenio con mano dura, removiendo a todos los jueces y magistrados por medio de la reforma judicial. Una situación inverosímil de dudoso pronóstico técnico, social y político.